Con relación a la adquisición ilegal de equipos de espionaje (PEGASUS) realizada por la entonces Procuraduría General de la República, en el año de 2014, la actual Fiscalía General de la República solicitó, a la Jueza Federal de Control Alejandra Domínguez Santos, la vinculación a proceso de la probable responsable de esa adquisición ilegal, Judith “G”. Y, después de dos años y medio de retraso ilegal, dicha Jueza concedió la audiencia para determinar la no vinculación de la persona señalada, a la que se le imputaron los siguientes delitos:

•          Uso indebido de atribuciones y facultades al incumplir la obligación de supervisar dicha contratación ilegal, según lo previsto en el artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la entonces PGR.

•          Peculado, al participar en el desvío ilegal de recursos, sin que existiera el riesgo, la urgencia o la confidencialidad necesarios para estas compras.

•          Fraude equiparado, al incumplir sus obligaciones y participar en una operación que claramente dañó gravemente el patrimonio de la Institución, en beneficio del proveedor.

•          Asociación delictuosa, al participar en los delitos anteriormente señalados, en conjunto con otros servidores públicos de la Institución.

•          En resumen, haber permitido la adquisición ilegal de esos equipos de espionaje, sin que se demostrara que había necesidad de ello, pagando 460 millones 196 mil 383.64 pesos, que le significaron un grave daño irreparable al patrimonio público.

A pesar de todas esas pruebas ofrecidas por la Fiscalía, la Jueza de Control, decidió no vincularla. 

En razón de lo anterior, la Fiscalía General de la República ya inició el recurso de apelación correspondiente; y también iniciará de inmediato, a la Jueza de Control Alejandra Domínguez Santos, una carpeta de investigación por delitos en contra de la administración de justicia.